El PP de Torrelodones propone una revisión de los impuestos municipales para ayudar a las familias
La economía española está inmersa en un proceso inflacionario con una tasa interanual próxima a los dos dígitos. A ello hay que sumar la nueva política del Banco Central Europeo que va a limitar la compra de deuda soberana. Esto provocará un alza de los tipos de interés que va a afectar de manera importante a los préstamos a tipo variable, incluidos los hipotecarios. Es un hecho que se está ralentizando y retrasando la recuperación económica, lo que sin duda acabará afectando a la inversión y a la creación de empleo. La suma de estos tres factores trae consigo el empobrecimiento de las clases medias a la que pertenecen la mayoría de los vecinos de nuestro municipio.
Por otro lado, la liquidación del presupuesto del año 2021 se cerró con un remanente de más de diez millones de euros, cuando al principio de año había un remanente de ocho millones.
Mientras el Ayuntamiento acumula tesorería, se está produciendo un empobrecimiento de las familias que, además, se enfrentan a un futuro incierto. Por ello consideramos que es ineludible proceder a una revisión profunda y rigurosa de las ordenanzas fiscales de Torrelodones, impuestos, tasas y precios públicos, con el doble objetivo de aumentar la liquidez de nuestros vecinos bajando impuestos sin que ello afecte a la calidad de los servicios públicos municipales.
Por todo ello el Grupo Municipal Popular formuló un ruego en el pasado Pleno del mes de abril para la creación de un grupo de trabajo en el que participen todos los grupos municipales para estudiar y proponer la modificación de las ordenanzas fiscales ya que hay margen más que suficiente para bajar la carga impositiva. Proponemos también la revisión de los capítulos de gasto para reducir y eliminar todos aquellos que sean superfluos o redundantes. Esta propuesta contempla que aquellos acuerdos que consigan un consenso suficiente entre los distintos partidos, deberán ser presentados para su estudio y aprobación en su caso, acompañadas de los preceptivos informes de Intervención y Secretaría para aprobarse en un Pleno Extraordinario en el mes de octubre para que su entrada en vigor sea posible desde el 1 de enero del próximo año
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