NOTAS DE PRENSA
La oposición en bloque rechaza el contrato de basuras que pretende aprobar Vecinos por Torrelodones
Torrelodones, 9 de febrero, 2018
El contrato de basuras que VxT quiere sacar adelante precipitadamente, tratando de sortear la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público y valiéndose de su mayoría absoluta, constituye la mayor partida del presupuesto municipal y, con su duración de 10 años, impedirá implantar nuevos modelos de gestión de residuos durante la próxima década.
Los grupos municipales Partido Popular, Confluencia Ciudadana, PSOE y Ciudadanos, tras intentar infructuosamente que el equipo de gobierno aceptase nuestras aportaciones, consideramos que la redacción del contrato de gestión de los servicios de recogida de basura y limpieza viaria tiene a nuestro juicio muchas carencias de las que destacamos las siguientes:
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Esquiva la nueva ley de contratos.
La nueva ley de contratos, aprobada con amplio consenso por todos los grupos parlamentarios y que entra en vigor el 9 de marzo, elimina las valoraciones subjetivas de los concursos, introduce el control interno en la gestión y reduce la participación de políticos en las mesas de contratación. Además, la norma busca dotar de una mayor transparencia y control a la contratación pública, conseguir una mejor relación calidad-precio para los contratos y garantizar las condiciones laborales de los empleados de las contratas. Al adelantarnos a su entrada en vigor, el equipo de gobierno renuncia a todas estas ventajas y mantiene los criterios subjetivos de adjudicación que la ley elimina.
2. Ausencia de participación ciudadana.
Si en otras cuestiones se han abierto procesos participativos, un contrato de más de diecisiete millones de euros que afecta a todos los vecinos, debería contar con el concurso vecinal.
3. El pliego propuesto hipoteca al Ayuntamiento durante diez años.
Consideramos que el contrato debe de tener una duración como máximo de cinco años con posibilidad de renovación. Es un plazo razonable para que se puedan incorporar las previsibles innovaciones técnicas y adaptarse a las cambiantes circunstancias de la gestión de residuos y su reciclado.
4. Ausencia de mecanismos efectivos de control.
El régimen sancionador previsto es extraordinariamente leve y favorece que el incumplimiento salga a cuenta al concesionario.
Proponemos que además de los correspondientes controles internos se incluya en el contrato el sometimiento del mismo a la existencia de una empresa de auditoría externa con controles periódicos.
El Partido Popular ve sospechosas las prisas existentes para realizar esta adjudicación y considera necesario realizar una auditoría externa que valide el cumplimiento del actual contrato y que sus conclusiones junto a un proceso de participación ciudadana sirvan de base a la redacción de un nuevo contrato ajustado a la nueva ley prorrogando mientras tanto el actual. No es admisible que el equipo de gobierno saliente deje hipotecado al Ayuntamiento para los próximos diez años.
Para Confluencia Ciudadana es fundamental que el contrato garantice la existencia de auditorías con personal funcionario cualificado a través de la Concejalía de Calidad de los Servicios Públicos y se muestra en contra de que el número necesario de personas contratadas para cubrir el servicio no se exija en el pliego sino que quede reflejado en el mismo como “mejora”.
En opinión del PSOE este es un contrato que perpetúa un modelo caduco, falto de ambición para evolucionar hacia modelos más avanzados y respetuosos con el medio ambiente. Tampoco está de acuerdo en que los ingresos por reciclaje se los lleve la empresa adjudicataria ya que contratos de ese tipo, como Guadalajara, se ha demostrado que no funcionan.
Por su parte, Ciudadanos apunta que el precio base de la licitación hace difícil que se pueda cumplir con todos los requerimientos del contrato y la escasa cuantía de las clausulas sancionadoras invitan a que dicho incumplimiento sea rentable. Con esta premisa, las condiciones laborales de los empleados son cuestionables.
Los grupos municipales Partido Popular, Confluencia Ciudadana, PSOE y Ciudadanos confiamos en que a la vista del peso de estos argumentos el equipo de gobierno reconsidere su postura antes del pleno del próximo 13 de febrero.
